Plenamente consciente de la importancia histórica y social que ha tenido el movimiento estudiantil en España en los momentos más trascendentes del cambio político y en todas las grandes reformas del sistema universitario, manifiesto mi voluntad irrenunciable de dotar a los representantes de alumnos/as de la Universidad de Sevilla de todos los medios materiales y humanos que sean precisos para garantizar el ejercicio efectivo de su imprescindible y esencial función representativa.

Entre estas funciones se encuentra la potestad de convocar paros académicos cuando, en el uso responsable de su capacidad de decisión y de su autonomía colectiva, así lo consideren. Para ello se garantizará que los representantes de alumnos/as tengan a su disposición todos los recursos que les permitan hacer la difusión pública de sus reivindicaciones y de la convocatoria de asambleas al objeto de poder realizar en tiempo y forma la declaración de paro académico.

En ningún momento me he manifestado, ni en público ni en privado, sobre la inconveniencia del ejercicio de este derecho fundamental para el desarrollo de la función representativa, si bien es cierto que grupos de interés dentro de la universidad han realizado interpretaciones y lecturas interesadas de entrevistas y comunicados que no tenían que ver con los paros académicos convocados por los estudiantes sino con el uso torticero y desviado que el anterior rectorado realizó de la sentencia de 8 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla sobre la huelga legal convocada por distintas organizaciones sindicales en el ámbito universitario.

Esa sentencia declaró las resoluciones fecha 28 de marzo y 12 de noviembre de 2012 sobre servicios mínimos, radicalmente nulas por vulnerar el derecho de libertad sindical y el derecho de huelga, lo que pone de manifiesto el despropósito de la actuación del entonces rector de la Universidad de Sevilla. Para intentar solucionar este fiasco, se acordó que en caso de huelga –no de paro académico convocado por los estudiantes- se cerraran los centros de la Universidad de Sevilla para permitir el derecho de huelga de los trabajadores de conserjería.

De esta forma se convirtió el legítimo derecho de huelga de los trabajadores en un cierre patronal ilegal que impidió el igualmente legítimo derecho de los no huelguistas a poder acudir a sus puestos de trabajo y, en el caso de los profesores, poder impartir sus clases. Esta es la única verdad que nace de los estrictos y contrastados hechos que tuvieron lugar con motivo de la huelga de marzo de 2012. A partir de ese momento, y siendo esta candidata a rectora la única voz que se alzó contra este cierre patronal ilegal, empezaron a llover las críticas y las tergiversaciones.

Me ratifico plenamente en mi postura inicial. Los representantes de los alumnos y alumnas de la Universidad de Sevilla tienen legítimo derecho al ejercicio de medidas de conflicto como el paro académico. Nuestros estudiantes están siendo tratados en la Universidad de Sevilla como menores de edad por los equipos rectorales anteriores y por el actual. Apuesto decididamente por dar todo el apoyo institucional a la función representativa de los estudiantes, convencida como estoy, de que el esfuerzo y dedicación que vienen mostrando debe ser digno de todo nuestro respaldo. Sabemos de los escasos medios materiales con los que cuentan, lo que incluso les hace incurrir en gastos económicos que tienen que afrontar de su propio bolsillo. Esto es inadmisible, y por ello, estoy resuelta a dar solución definitiva a esta lamentable situación.

Confío en que esta cuestión haya quedado, en lo sucesivo, definitiva y radicalmente clarificada.