La devolución a la comunidad universitaria del derecho de sufragio universal constituye el punto cero o proyecto de partida de mi programa electoral, como ya he tenido ocasión de manifestar en múltiples ocasiones. La lucha por conseguir dotar de voz y capacidad de decisión a todos los miembros de esta comunidad es una constante en mi trayectoria académica desde el mismo momento en que se reformó el Estatuto de la Universidad de Sevilla en 2007. La propuesta es clara e innegociable: una vez el claustro me elija como rectora, pondré encima de la mesa de la Comisión de Proyectos Normativos las 124 firmas de claustrales reclamando el derecho de sufragio universal que el anterior y el actual rector tienen guardadas en algún cajón desde 2012. Una vez reformado el Estatuto, pondré mi cargo a disposición del claustro, y, simultáneamente convocaré elecciones por sufragio universal para que toda la comunidad universitaria pueda expresarse libre y legítimamente.

El sistema de ponderación de voto es consecuencia de la diferente composición cuantitativa de los distintos sectores a los que la LOU reconoce capacidad para poder elegir rector. En el caso de la Universidad de Sevilla esa composición supone más de 70.000 votantes en el sector C (alumnos), unos 2.500 votantes en el sector D (PAS), unos 2000 en el sector B (PDI laboral y PDI funcionario no doctor) y aproximadamente 2100 en el sector A (PDI funcionario doctor). Los porcentajes de representación serían los mismos que recogía el art. 19 del anterior Estatuto, esto es, 51% para el sector A, 10% para el sector B, 30% para el sector C y 9% para el sector D, que, en definitiva, son los mismos que en el actual claustro universitario.

El compromiso que asumo pasa por la devolución del derecho al sufragio universal ponderado en las mismas condiciones en que se pudo ejercer en las únicas elecciones celebradas por este sistema en 2004 tras quinientos años de historia de la US.

Ningún sector perderá ni ganará representatividad respecto de aquel momento histórico.